Economía negocia congelar los precios de una canasta de productos durante cuatro meses. El foco se pone sobre los alimentos. Por qué el sueño de bajar la velocidad de la inflación puede agrandar la pesadilla.
A la esgrima de escarbadientes que el Gobierno nacional practica contra la inflación le sobran los desplazamientos básicos. Cualquier paso adelante termina siendo uno atrás. Ya sin disimulo.
Acostumbrado al sabor de sus propias palabras, el ministro de Economía, Sergio Massa, digirió en pocas semanas lo que antes podría haber tardado meses. Nada que un protector gástrico no solucione.
A mediados de octubre, en medio de las reuniones que mantenía en Estados Unidos, había dicho que meter los precios bajo hielo no era efectivo.
“Congelar los precios es como pisar una manguera: frenás por un rato, pero el agua está”, sostuvo. Pero el bombero Massa dejó la parábola de la manguera vaya a saber en qué asiento del aeropuerto de Washington.
La saga eterna del control de precios está ensayando su nueva pirueta, que implicará meter en el refrigerador los valores finales de una determinada cantidad de productos, con la intención deliberada de manipular en la góndola el índice de inflación.
En el equipo económico evitan hablar de congelamiento y prefieren el rótulo de una tregua consensuada. Por estas horas, van y vienen listas de artículos entre varias empresas y la Secretaría de Comercio.
El foco de preocupación es el capítulo “alimentos y bebidas no alcohólicas”, que es el segmento con mayor ponderación en el indicador final (entre 25% y 33% de la canasta total, según las regiones).
El Gran Buenos Aires, a la vez, tiene la importancia relativa más alta en la construcción del promedio nacional del índice de precios al consumidor (IPC). Eso explica por qué los acuerdos se deshilachan hacia el interior del país.
En lo que va del año, la inflación de alimentos y bebidas ya ronda el 70%. Y es de 87% en la comparación interanual, con datos hasta septiembre.
Se especula que octubre habría cerrado un alza promedio superior al 6% en el índice general y ya está tallando el reciente incremento en el precio de los combustibles.
A falta de un plan de estabilización, el Gobierno apunta a montar una ilusión óptica durante cuatro meses para cambiar la dirección del vector, calmar la tensión de fin de año y, de paso, atemperar el impacto de las cuotas de actualización tarifaria que implica la reducción de subsidios en electricidad y en gas natural.
Para que el espejismo no se desarme antes de tiempo, hay estacas complementarias, como el pedido que se deslizó a los supermercados para que no aceptaran listas de actualizaciones que superen el 4% mensual en los artículos que quedarán fuera del congelamiento.
Ese porcentaje no es antojadizo. Si todos los meses fueran así durante un año, la inflación acumulada sería del 60%. Copia y pega la proyección del Presupuesto 2023. ¡Bingo!
También están trabajando los técnicos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a quienes se les pidió un informe para detectar prácticas anticompetitivas y supuestos abusos de posición dominante en 15 compañías.
Y ya que van a pedir los números, que repasen los márgenes de ganancias de esas empresas. El deseo explícito de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La sincronización incluso sumó al Banco Central, que ya avisó que las compañías que están siendo convocadas al nuevo acuerdo de precios deberán presentar una declaración jurada de adhesión y cumplimiento si quieren dólares a precio oficial para importaciones.
Toda esta vuelta olímpica alrededor del núcleo inflacionario se desarrolla bajo la lógica de esquivar los costos que implicaría un plan integral de estabilización.
El problema es que, a la vez, el truco puede mutar en una peligrosa trampa, no sólo porque pisar la manguera podría agudizar la escasez, sino porque, mientras más se demora, más alto será el precio que se pagará para estabilizar.
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